El pasado 9 de marzo el Consejo de Estado, órgano supremo consultivo del Gobierno y una de las instituciones más antiguas de España, dio respuesta al estudio encargado en mayo del pasado año por la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aido, en relación a las posibilidades de actuación contra los anuncios de contenido sexual y prostitución publicados en la prensa escrita.
Con estos anuncios los medios de comunicación españoles, incluidos entre ellos algunos de los más prestigiosos, se embolsan más de 40 millones de euros anuales. Sólo tres diarios de pago: Público, La Razón y La Gaceta, y algunos gratuitos como 20 Minutos han prescindido de este tipo de publicidad entre sus páginas.
Ante esta situación, el dictamen ha sido claro: “El Consejo de Estado considera plausible prohibir o, al menos, limitar severamente los anuncios de prostitución en la prensa”. No aconseja, sin embargo, su tipificación como ilíticito penal.
Los argumentos del Consejo parten de la premisa de que estos anuncios pueden incurrir en discriminación por razón de sexo para, a partir de ahí, desgranar seis claves por las que los anuncios de contactos deberían, por fin, empezar a caerse de las diarios.
En primer lugar, y cito textualmente, los anuncios de servicios sexuales editados por los medios impresos contienen imágenes y mensajes que atentan contra la dignidad de la mujer e implican un trato vejatorio y degradante. Pueden vulnerar el derecho fundamental de igualdad entre hombres y mujeres, favorecen la transmisión de roles y valores contrarios a este derecho, incluida la violencia de género, ya que transmiten una imagen femenina sumisa y servil.
Estos anuncios contribuyen, y esta es la segunda clave, a que perviva la imagen de la mujer como mero objeto, pues se le valora sólo en función de sus atributos físicos. Del mismo modo, tercera clave, es contraria a los derechos de la infancia y la juventud, banalizan la prostitución e, incluso, pueden llegar a favorecer e incitar a su ejercicio.
En cuarto lugar, los anuncios de contactos transmiten roles y estereotipos perpetuadores de la desigualdad y subordinación. En quinto y sexto lugar, pueden encubrir actuaciones vinculadas a la trata de seres humanos y amparar o dar cabida al proxenetismo, actividad penada en nuestro ordenamiento jurídico.
Si hay que ponerle alguna pega al informe es que los seis argumentos referidos no sólo atañen a este tipo de publicidad en la prensa escrita, sino también al resto de medios en los que se dan con tanta profusión como en los primeros; luego entonces, la argumentación debería aplicarse a todos por igual y acabar de una vez por todas con esta lacra.
Aunque algunos medios traten de cobijar y justificar esta actividad publicitaria bajo el paraguas de la libertad de expresión e información, no hay duda: no tienen cabida. No existe ni interés público, ni contribuyen a la formación de una opinión pública libre. La libertad de expresión colisiona en este caso, claramente, con el derecho a la igualdad, al honor y la dignidad de las mujeres. A los que se empeñen en otra cosa sólo les queda el amparo quevediano, “Poderoso caballero/ Es don Dinero […]”.
La autorregulación tampoco es la solución, al menos, no ha funcionado hasta ahora. La Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades lleva desde 2007 apelando al código deontológico de las publicaciones para su supresión con nulo éxito. En Europa, Sarkozy los prohibió en 2003, mientras que en el resto de países, con la excepción española e italiana, están fuertemente regulados. Es el momento de dar un paso adelante. La prensa, pilar de la democracia y la libertad no puede permitirse esta forma de proxenetismo.
